La norma entrará en vigor el 18 de septiembre y amplía la discrecionalidad de los funcionarios migratorios
NUEV YORK.— Un grupo de fiscales generales, el Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania han presentado una demanda federal para bloquear una nueva regla de “carga pública” que, según los demandantes, ampliaría la discrecionalidad de los funcionarios de inmigración al evaluar solicitudes de residencia y entrada a Estados Unidos.
La acción fue presentada ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en paralelo con otra demanda encabezada por la ciudad de Nueva York, bajo la conducción del alcalde Zohran Mamdani, contra los posibles efectos de la norma sobre los gobiernos locales.
La regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre y permitiría considerar una gama mucho más amplia de beneficios públicos utilizados por los solicitantes o determinados familiares. La nueva política reemplaza el marco establecido en 2022, que limitaba las determinaciones de “carga pública” principalmente a asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos o institucionalización a largo plazo.
Beneficios públicos bajo evaluación
De acuerdo con la demanda, la nueva regulación permitiría a los funcionarios tomar en cuenta beneficios como Medicaid, SNAP, seguro médico financiado por los estados y programas de alimentación escolar.
Los fiscales generales señalan que incluso beneficios utilizados legalmente por familiares podrían ser considerados. Por ejemplo, la solicitud de residencia de un padre extranjero podría verse afectada si su hijo, ciudadano estadounidense, utilizó un seguro médico financiado por el estado.
También podría considerarse la participación de un menor en programas de almuerzos escolares gratuitos al evaluar una futura solicitud migratoria de su progenitor extranjero.
Los demandantes sostienen que la norma no establece un límite claro sobre qué beneficios o qué nivel de utilización podría perjudicar a un solicitante, lo que, según la coalición, genera incertidumbre entre las familias.
La Fiscal General Letitia James,represerntante de Nueva York, afirmó que su oficina busca impedir que las familias renuncien a asistencia alimentaria, cobertura médica y otros beneficios a los que tienen derecho legalmente.
Impacto económico y en servicios locales
La coalición cita datos del gobierno federal sobre el denominado “efecto disuasorio” generado por políticas similares. Según la demanda, una versión anterior provocó bajas de hasta 35 % en programas de beneficios entre familias de estatus migratorio mixto y de hasta 60 % entre refugiados.
El propio DHS prevé que el efecto de la nueva regla podría representar para los estados una reducción anual de 4,050 millones de dólares en fondos de Medicaid y CHIP, además de otros 1,000 millones de dólares anuales en fondos de SNAP a nivel nacional.
Los fiscales generales advierten que la reducción de beneficiarios podría aumentar la presión sobre hospitales y centros de salud comunitarios, mientras las escuelas podrían enfrentar pérdidas en programas de comidas gratuitas o de precio reducido y en fondos federales del Título I.
Los estados y gobiernos locales también asumirían costos adicionales por nuevas comunicaciones, capacitación del personal y modificaciones tecnológicas para administrar los cambios.
La demanda sostiene que la regla viola la Ley de Procedimiento Administrativo, excede la autoridad legal del DHS y se aparta de la interpretación histórica establecida por el Congreso sobre la “carga pública”.
La coalición solicita al juez federal declarar ilegal la regla de 2026 y anularla para evitar sus efectos sobre los estados y sus residentes. James también encabezó una impugnación contra una norma similar de la administración Trump en 2020, que posteriormente fue ratificada por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito.
Junto a la Fiscal General James en la presentación de esta demanda se encuentran los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como el gobernador de Pensilvania.
Fuente: Demandan en EEUU la regla de carga pública por impacto en las familias de inmigrantes se publicó en diariodigital.com.do
