Derogar el Decreto 693-24 sin un plan de mitigación es poner a competir a un productor que no recibe apoyo alguno contra otro subsidiado con hasta 344 dólares por acre.
Por Toni Aquino Rosario · Economista
El 6 de octubre de 2026 la República Dominicana renunció, por voluntad propia, a uno de sus activos estratégicos. Al derogar el Decreto 693-24 —que en diciembre de 2024 había declarado el arroz producto sensible para la soberanía y la seguridad alimentaria—, el Gobierno abrió las puertas a la importación sin protección arancelaria de un cereal que sostiene a unas 100 mil familias, representa cerca del 2 % del PIB y alimenta a once millones de dominicanos a razón de 65 kilogramos por persona al año.
La medida elimina los aranceles de hasta 99 % que gravaban las importaciones fuera de contingente y coincide con el final del calendario de desgravación del DR-CAFTA, que había concedido al arroz el plazo más largo de todo el tratado: veinte años. La apertura, por tanto, era inevitable. Lo que no era inevitable es la forma de llegar a ella: sin red, sin plan y sin reconocer lo que la Asociación Nacional de Productores Agrícolas resumió con crudeza en las horas siguientes: «Derogar el decreto sin un plan alternativo es decretar la muerte del sector arrocero dominicano. Estamos poniendo a competir dos agriculturas desiguales».
Y lo que importa aquí es todo lo que está en juego. Rememoremos con pretensión aclaratoria este hecho: la producción nacional alcanzó en 2025 los 14,8 millones de quintales, un 56 % más que en 2005, sobre 156 mil hectáreas repartidas entre el Bajo Yuna, el Cibao Central y la Línea Noroeste. Alrededor de esa cosecha gira una cadena de unos 100 mil empleos —productores, jornaleros, molineros, detallistas, transportistas—, y el 70 % de las fincas tiene menos de cinco hectáreas. Es, pues, un empleo familiar, difícil de sustituir y concentrado en zonas rurales donde las alternativas escasean.
Del lado del consumo, el arroz aporta entre el 25 % y el 30 % de las calorías que ingiere a diario cada dominicano; ningún otro alimento pesa tanto en la canasta básica. Y el país es autosuficiente desde la década de 1980, un logro que costó un siglo: desde el canal que el ingeniero belga Louis Bogaert construyó en Mao en 1919 hasta el mejoramiento genético impulsado por la Misión Técnica de Taiwán a partir de 1963, con el doctor Yin T. Hsieh, el «padre del arroz dominicano», a la cabeza. Lo que tomó cien años edificar puede deshacerse en un lustro.
El DR-CAFTA, vigente para la República Dominicana desde 2007, protegió el mercado con un andamiaje de tres piezas: una cuota de 23.300 toneladas de arroz estadounidense libre de arancel, un gravamen del 20 % para volúmenes adicionales dentro del contingente y un 99 % para lo que excediera la cuota. Ese último arancel debía reducirse gradualmente hasta cero entre 2026 y 2027.
Dos décadas de tregua debieron servir para preparar al sector ante la competencia. No se aprovecharon. La derogación del decreto apenas adelantó lo que el cronograma haría inevitable; la verdadera pregunta nunca fue si la apertura llegaría, sino en qué condiciones nos encontraría.
Una competencia aritméticamente desigual.
El reclamo del sector arrocero no es proteccionismo de principio. Es aritmética. Los productores de Arkansas, Luisiana, Texas, Misisipi, Misuri y California reciben subsidios federales al amparo de la Farm Bill a través de tres programas —Price Loss Coverage, Agriculture Risk Coveragey Marketing Assistance Loans—. Para el arroz, los pagos por acre base son los más altos de todos los cultivos estadounidenses: entre 120 y 344 dólares. Solo Arkansas recibe entre 280 y 320 millones de dólares anuales; en conjunto, los arroceros de Estados Unidos perciben entre 665 y 795 millones al año.
El productor dominicano recibe cero. Cero subsidio por tonelada, cero programas equivalentes, cero precios de referencia garantizados. La asimetría no es arancelaria: es estructural, y la derogación del decreto no hace más que desnudarla.
A ello se suma un factor nuevo. Según Euromonitor, las marcas propias de los supermercados se consolidaron en 2025 como el segmento más grande del mercado. Si esas cadenas optan por llenar sus empaques con arroz importado, ahora sin arancel, acelerarán el desplazamiento de la producción nacional; si privilegian el grano dominicano, podrían convertirse en su mejor defensa.
No estamos maniatados
Aun sin el decreto, el país dispone de instrumentos legítimos, previstos en el propio DR-CAFTA y en las reglas de la Organización Mundial del Comercio: la salvaguardia especial agrícola, la investigación antisubsidios contra importaciones beneficiadas por la Farm Bill, la cláusula de salvaguardia bilateral y las excepciones por seguridad alimentaria del Acuerdo sobre Agricultura.
Esos instrumentos deben acompañarse de un plan nacional articulado en cinco ejes: activar las salvaguardias cuando las importaciones superen los umbrales previstos; establecer apoyos internos compatibles con la OMC, como crédito del Banco Agrícola al 2 %, un fondo de estabilización de precios al productor y subsidios desacoplados; modernizar la producción mediante riego intermitente —que reduce hasta un 30 % el consumo de agua—, agricultura de precisión y diversificación hacia arroces aromáticos y orgánicos; institucionalizar un consejo consultivo permanente que reúna a Adofa, FENARROZ, ANPA y CoopeArroz con el Ministerio de Agricultura; y crear una marca país «Arroz Dominicano» con sello de origen certificado.
El costo estimado de ese plan ronda los 121,7 millones de dólares, una cifra modesta, casi irrisoria, frente a lo que Estados Unidos destina cada año a sus arroceros. Los gremios lo han dicho con claridad: no objetan la apertura comercial, sino una apertura que ignora la desigualdad entre los competidores.
Tres futuros y una sola ventana
De cara a 2030 caben tres escenarios. En el pesimista —apertura total sin mitigación—, la superficie cosechada caería de 156 mil a 110 mil hectáreas, se perderían unos 30 mil empleos, el país dejaría de ser autosuficiente por primera vez en cuatro décadas y las comunidades rurales del Cibao y la Línea Noroeste se vaciarían. En el intermedio —salvaguardias activadas, pero un plan aplicado a medias—, se preservaría la autosuficiencia a costa de entre 5 mil y 10 mil empleos y de un sector estancado. En el optimista —defensa comercial efectiva y transformación productiva—, la superficie crecería hasta 165 mil hectáreas, el 60 % de ella tecnificada, y surgirían 5 mil empleos de alta cualificación.
La elección entre esos futuros no se hará en 2030, sino en los próximos 18 a 24 meses. Lo que el Estado, los gremios y la academia hagan o dejen de hacer en ese plazo determinará si la derogación del Decreto 693-24 queda registrada como el principio del fin del arroz dominicano o como el sobresalto que, paradójicamente, precipitó su modernización.
El arroz dominicano tiene una historia digna de contarse: la del inmigrante belga que entendió el agua, la del científico taiwanés que se quedó en Bonao mejorando semillas, la del pequeño productor que sostiene a su familia con cinco hectáreas en el Cibao, la del consumidor que paga su libra sin saber que está eligiendo entre dos agriculturas. Esa historia no merece terminar como la crónica de un desastre anunciado. Aún hay tiempo para escribirle otro final.
Fuente: Arroz: crónica de un desastre anunciado se publicó en diariodigital.com.do
