En medio de cifras macroeconómicas que hablan de estabilidad, control inflacionario y reservas sólidas, muchas familias dominicanas sienten que la economía no les alcanza. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico de un país no siempre se traduce automáticamente en bienestar inmediato para la población, y cuando los sectores que más empleos generan están estancados o en caída, los bolsillos lo sienten antes que los indicadores oficiales lo confirmen.
De acuerdo con los datos presentados por el Banco Central en su reciente informe por el 78º aniversario, la economía dominicana acumuló un crecimiento real de apenas 2.2 % en los primeros nueve meses de 2025. Aunque ese número está alineado con el promedio latinoamericano, es un crecimiento modesto para una economía que, en años anteriores, nos acostumbró a ritmos cercanos al 5 o 6 %, y lo más importante: ese 2 % está compuesto por una realidad desigual.
Sectores como servicios financieros (7.4 %) o minería (3.7 %) muestran dinamismo, pero no son actividades que generen empleo masivo. En cambio, sectores clave para el empleo como la construcción, la manufactura local, el comercio y la hostelería están creciendo muy por debajo del promedio, e incluso en terreno negativo. La construcción, por ejemplo, registra una caída de -2.0 % en lo que va de año. Esto no es solo una estadística; es un golpe directo a miles de obreros, maestros constructores, ingenieros, electricistas, ferreterías y pequeños suplidores que dependen de ese sector. Su caída frena la actividad inmobiliaria, reduce el crédito hipotecario y desincentiva nuevas inversiones privadas.
La manufactura local y el comercio, también esenciales en la generación de empleo formal e informal, apenas avanzan, y el sector de hoteles, bares y restaurantes que fue la estrella de la recuperación post-COVID muestra ahora señales de fatiga, con un crecimiento de apenas 3.3 %, pese a cifras récord en llegada de turistas. Esto sugiere que el consumo interno se está conteniendo, que las actividades sociales y nocturnas se han reducido, y que las familias están priorizando gastos básicos por encima del ocio.
El universo beneficiado rondaría los 764,592 empleados públicos y privados, es decir, el núcleo de la clase media formal dominicana: maestros, técnicos, personal de salud, empleados bancarios, administrativos, ingenieros, servidores públicos y profesionales de empresas medianas y grandes. Este segmento es el principal soporte del consumo formal y de la recaudación indirecta, por lo que aliviar su carga tributaria no es un gasto fiscal, sino una inyección de poder de compra al corazón de la economía formal.
Los efectos multiplicadores van más allá del consumo. Al aumentar el ingreso disponible, mejora la capacidad de pago y la confianza de los hogares, lo que a su vez refuerza la intermediación bancaria. Una parte del dinero liberado se utilizaría para amortizar deudas de consumo, fortalecer el ahorro o acceder a nuevos créditos hipotecarios y productivos. Ello podría generar un aumento de entre 1.5 % y 2 % anual en el flujo de préstamos del sistema financiero (equivalente a RD$ 25,000-30,000 millones), alimentando un círculo virtuoso entre consumo, crédito y crecimiento.
Contrario a la percepción de que una liberación fiscal erosiona la recaudación, esta medida ampliaría la base imponible futura. Al dinamizar el consumo y la producción local, el Estado recauda más por ITBIS, ISC y contribuciones empresariales. En un país con una presión tributaria de apenas 13.9 % del PIB, una de las más bajas de América Latina, liberar impuestos para fortalecer la demanda interna puede ser una palanca inteligente de crecimiento inclusivo. Si cada año el estímulo genera un aumento adicional de 0.1 % del PIB, en tres a cinco años el impacto acumulado podría rondar 0.3-0.5 %, sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Además, ajustar los tramos salariales sería un incentivo al trabajo formal y a la eficiencia del sistema tributario, al reducir la evasión y estimular la formalización. La medida también debe acompañarse de una gestión fiscal responsable: fortalecimiento institucional, control del gasto, y mejora en la administración tributaria para que el impacto sea sostenible y equitativo.
En última instancia, el ajuste de los tramos impositivos no constituye un privilegio, sino una corrección necesaria. Es devolver justicia a quienes han visto mermar su ingreso real sin que el Estado lo reconozca. Es, también, una forma de política contracíclica moderada que impulsa la economía desde el bolsillo de los trabajadores.
Liberar RD$ 18,000 millones mediante el ajuste salarial no sería una pérdida para el fisco, sino una inversión que regresaría multiplicada: en mayor consumo, en crédito más dinámico, en empleo formal y en una base tributaria más sólida. Cuando los asalariados tienen más dinero en el bolsillo, la economía se mueve, el crédito fluye y el Estado termina recuperando por la vía del crecimiento lo que cedió por justicia.
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La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jesusgeraldomartinez@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram
