Informe identifica retos y plantea 11 recomendaciones para ampliar el acceso a la justicia
Santo Domingo. La justicia dominicana ha logrado importantes avances en modernización, eficiencia y transformación digital durante los últimos años, pero el gran desafío ahora consiste en conseguir que esos progresos se reflejen de manera más directa en la vida de las personas. Esa es una de las principales conclusiones del informe “Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana”, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en coordinación con el Poder Judicial.
El estudio fue dado a conocer este martes durante una actividad celebrada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), encabezada por la representante residente del PNUD en el país, Ana María Díaz.
De acuerdo con el análisis, la justicia dominicana ha fortalecido significativamente su capacidad de respuesta mediante la reducción de la mora judicial, la incorporación de herramientas tecnológicas, la ampliación de los servicios digitales y el desarrollo de políticas orientadas a la transparencia, la inclusión y la atención a sectores vulnerables.
Entre los datos más relevantes, el informe indica que el sistema judicial alcanza actualmente una capacidad resolutiva promedio de 94.9 %, aunque con diferencias entre territorios. Además, destaca que se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y que alrededor del 66 % de los trámites judiciales ya se realizan de manera electrónica.
“Los datos muestran una justicia que avanza. El reto ahora es consolidar esos logros para que se traduzcan en un acceso efectivo y equitativo para toda la población”, expresó Ana María Díaz durante la presentación.
Ocho hallazgos sobre la realidad de la justicia
El reporte fue elaborado a partir de indicadores institucionales, registros administrativos, entrevistas, encuestas exploratorias y revisión documental. Como resultado, identifica ocho hallazgos considerados fundamentales para comprender los desafíos actuales del sistema judicial.
Uno de los principales plantea que mejorar la eficiencia es indispensable, pero que su impacto será mayor si se reducen los obstáculos que enfrentan muchas personas para acceder a los servicios de justicia.
Asimismo, el estudio señala que factores como los ingresos económicos, el lugar de residencia, el nivel educativo, el género y las habilidades digitales todavía influyen en la capacidad de los ciudadanos para iniciar y dar seguimiento a un proceso judicial.
Otro aspecto destacado es que las necesidades de justicia varían según cada territorio, por lo que una menor cantidad de expedientes no necesariamente implica que existan menos conflictos o demandas de atención.
El informe también reconoce los beneficios de la digitalización, ya que ha permitido reducir costos, ahorrar tiempo y facilitar el seguimiento de los casos. No obstante, recomienda mantener alternativas presenciales y mecanismos de orientación para las personas con mayores dificultades tecnológicas.
Justicia más cercana y comprensible
El estudio insiste en que una justicia eficiente no debe medirse únicamente por la rapidez de sus decisiones. También es importante que las personas comprendan los procesos, sepan dónde acudir en busca de ayuda y reciban un trato digno y respetuoso.
En ese sentido, el documento destaca la necesidad de fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, advierte que la seguridad jurídica tiene un impacto directo sobre aspectos esenciales de la vida cotidiana, como el empleo, la vivienda, los ingresos familiares, los negocios y el patrimonio.
Once recomendaciones para el futuro
A partir de los hallazgos identificados, el informe propone 11 rutas de acción alineadas con el Plan Justicia del Futuro 2034.
Entre las principales recomendaciones figuran ampliar la presencia de servicios judiciales en los territorios con mayores necesidades, ofrecer información en lenguaje más sencillo, fortalecer los mecanismos de mediación y conciliación, mejorar la coordinación institucional y combinar la atención digital con el acompañamiento presencial.
Asimismo, plantea continuar reduciendo las barreras económicas, los costos de traslado y otros factores que pueden impedir que una persona acceda o permanezca dentro de un proceso judicial.
El PNUD y el Poder Judicial consideran que la siguiente etapa de transformación debe enfocarse en garantizar que cada avance institucional se traduzca en una experiencia más cercana, accesible, oportuna y humana para toda la ciudadanía dominicana.
Fuente: PNUD destaca avances de la justicia dominicana y propone acercarla más a la ciudadanía se publicó en diariodigital.com.do
