Trajano Potentini pide revisar la Ley 2-23 y respalda una cuarta sala de la Suprema Corte especializada en materia administrativa.
SANTO DOMINGO.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresó ante representantes de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República su preocupación por disposiciones de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, que, a juicio del gremio, podrían convertirse en obstáculos para el acceso a la justicia, el derecho de defensa y la protección de los derechos fundamentales.
La posición fue presentada por una delegación encabezada por el presidente del CARD, Trajano Potentini, y el jurista Ángel Ledesma, durante un encuentro celebrado en el Salón Polivalente del Senado, donde se discutieron iniciativas legislativas relacionadas con el sistema judicial, la regulación de la abogacía y el fortalecimiento de la administración de justicia.
En la reunión participaron los senadores Rafael Barón Duluc Rijo, conocido como «Cholitín»; Omar Fernández, Franklin Romero, Alexis Victoria Yeb y Pedro Catrain.
Potentini sostuvo que las reformas procesales deben garantizar la tutela judicial efectiva, la igualdad procesal y el acceso a la justicia, sin establecer restricciones desproporcionadas que impidan a los ciudadanos obtener una respuesta judicial ante posibles vulneraciones de sus derechos.
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CARD cuestiona el interés casacional
Uno de los principales puntos planteados fue el interés casacional, figura incorporada por la Ley núm. 2-23 como criterio de admisibilidad de determinados recursos ante la Suprema Corte de Justicia.
El presidente del CARD reconoció la importancia de contar con mecanismos que contribuyan a la eficiencia judicial, pero advirtió que su aplicación no debe convertirse en una barrera que limite injustificadamente la revisión de decisiones judiciales.
La preocupación también abarca la jurisdicción laboral. Según Potentini, las particularidades de esta materia y la desigualdad económica que puede existir entre empleadores y trabajadores requieren especial atención, para evitar que las restricciones al recurso de casación dificulten la revisión de controversias relacionadas con derechos y prestaciones laborales.
El gremio considera que cualquier limitación que afecte injustificadamente la posibilidad de impugnar decisiones en esta jurisdicción debe ser examinada por los legisladores, especialmente cuando estén en juego ingresos necesarios para la subsistencia de los trabajadores y sus familias.
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Rechazo a sanciones económicas desproporcionadas
Otro aspecto cuestionado fue el artículo 56 de la Ley 2-23, relativo a la lealtad procesal, que contempla consecuencias económicas cuando un recurso de casación se considera abusivo, temerario o de mala fe, bajo las condiciones previstas en la norma.
Según lo expuesto por el CARD, las multas civiles y las posibles indemnizaciones pueden alcanzar el equivalente a 50 salarios mínimos del sector privado.
Potentini advirtió que la aplicación de estas sanciones podría generar un efecto intimidatorio sobre los abogados y afectar su disposición a presentar recursos legítimos en representación de sus clientes.
El presidente del gremio sostuvo que las sanciones deben responder a criterios objetivos y proporcionales, con respeto a las garantías constitucionales, sin colocar a los profesionales del derecho en una situación de vulnerabilidad económica por ejercer su labor dentro del marco legal.
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Reforma ética y nueva sala administrativa
La delegación también planteó la necesidad de adecuar el Código de Ética Profesional y el régimen disciplinario de los abogados a las disposiciones de una sentencia del Tribunal Constitucional que incide en el marco regulador del ejercicio profesional y de la potestad sancionadora del gremio.
Potentini señaló que esa reforma debe observar principios como la legalidad, la tipicidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.
El CARD defendió, además, la capacidad institucional del gremio para conocer las infracciones disciplinarias de sus miembros mediante procedimientos que protejan tanto la ética profesional como los derechos de los abogados sometidos a investigación.
En otro orden, la organización expresó su respaldo a la creación de una cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia especializada en materia administrativa.
La propuesta busca fortalecer la especialización jurisdiccional, mejorar la calidad de las decisiones y reforzar el control de legalidad sobre las actuaciones de la Administración pública.
De acuerdo con el CARD, una sala de esa naturaleza podría favorecer la seguridad jurídica, la uniformidad de la jurisprudencia y la protección de los ciudadanos frente a las instituciones estatales.
El encuentro permitió a los representantes del gremio presentar sus observaciones sobre las reformas en discusión y reiterar que la modernización del sistema judicial debe armonizar la eficiencia procesal con los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana.
Fuente: CARD cuestiona ante el Senado el interés casacional y multas a abogados se publicó en diariodigital.com.do
